En un artículo que se publicó en el periódico Buenos Aires Económico (BAE), el Director del Departamento Jurídico del CDN, Matías Cremonte, puso de manifiesto su opinión a propósito de la intervención de la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada el mes pasado en Ginebra, ante la presencia de empresarios, sindicalistas y gobiernos de gran parte del mundo.
En su artículo en BAE, que se reproduce íntegramente en nuestra página web, Cremonte sostiene:
Un interesante discurso resaltó que la crisis debe abordarse desde la perspectiva del capital y el trabajo, y no sólo con una visión financiera. Concretamente dijo que el capital financiero terminó “autodestruyéndose” y “afectando el funcionamiento de la economía real”. Lo más interesante es que dirigiéndose a los empresarios, señaló que la rentabilidad se obtiene con “trabajadores bien remunerados y bien calificados”. Hasta aquí, plena coincidencia con el discurso. Pero observemos la realidad. El salario mínimo vital y móvil en Argentina es de $ 1.240.
La jubilación mínima es de $ 770. Si a ello le sumamos la cantidad de trabajadores no registrados –de los cuales gran parte cobra el mínimo, y otro tanto menos aún-, no pareciera que el discurso de Cristina Fernández de Kirchner tenga asidero en la realidad argentina. A menos que cuando la Presidenta propone al mundo que los trabajadores deben estar “bien remunerados” para enfrentar la crisis se refiera simplemente a que deban percibir salarios de esos montos, que dicho sea de paso, ni siquiera implica superar la denominada “línea de pobreza”.
Ahora bien, según se anunció estos días, el Gobierno Nacional convocará al Consejo del Salario para el próximo 27 de julio, órgano tripartito que tiene como finalidad, entre otras, fijar el monto del salario mínimo vital y móvil de todos los trabajadores del sector privado del país, y los de la administración pública nacional. Ésta será la primera de las reuniones desde que se reconoció la crisis mundial. Por lo tanto, es hora de discutir y, en su caso, demostrar en los hechos, cuál es la receta para salir de la crisis.
El Gobierno, tal como lo dijo la Presidenta en la OIT, viene planteando que la solución pasa por fomentar la demanda y el consumo interno. Los empresarios plantean bajar o congelar salarios. Acerca de esta última posición, sólo diremos que es suicida, como decía Keynes, ya que los llevaría a su propia ruina. Pero respecto a la primera de ellas, diremos además que la única posibilidad de fomentar el consumo y la producción es aumentar los salarios reales, y promover el pleno empleo. La CGT, según trascendidos, propone acercar el salario mínimo a $ 1.500; la CTA históricamente se pronunció en favor de calcular el Salario Mínimo según su definición legal: “Salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento” (art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo).
Este último planteo cobra especial relevancia ante el escenario de la crisis, ya que se trata de una de las soluciones que el mundo capitalista encontró para salir de su última gran crisis, la del ’30. Roosvelt en Estados Unidos de Norteamérica en el ‘34 y Perón en Argentina en el ‘45 fueron impulsores del salario mínimo vital en esos términos, y su intención, la misma que la expresada por la Presidenta en la OIT: elevar los salarios para impulsar el consumo interno. Sin embargo, es evidente que un salario mínimo de $ 1.240 o $ 1.500 no sólo no convierten a los trabajadores en “bien remunerados”, sino que ni siquiera asegura la cobertura de las necesidades enunciadas en el art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo que define el Salario Mínimo Vital y Móvil en nuestro país.
Más aún, como dijimos, ni siquiera coloca a los trabajadores por sobre la línea de pobreza. Así, lo que en otros tiempos era una contradicción, aquí y ahora pueden convivir en una misma persona: trabajo y pobreza. Más allá de los discursos entonces, la realidad indica que antes que “bien remunerados”, gran parte de los trabajadores argentinos son pobres.
La anunciada convocatoria al Consejo del Salario podría entonces modificar ese rumbo fatídico, y haciendo que discurso y realidad coincidan, debe fijarse un salario mínimo realmente vital, que redunde en que el conjunto de los trabajadores sean “bien remunerados”, contribuyendo al mismo tiempo a enfrentar la crisis económica. Ello además debe acompañarse de una política de pleno empleo, y así modificar la injusta y absurda realidad de tener trabajo y, sin embargo, seguir siendo pobre.
